la Corte Suprema decidió este año que si no se prueba ánimo de lucro e intención de lesionar el patrimonio del propietario al reproducir sin permiso de un autor una obra protegida, no hay delito. Y lleva a consecuencias prácticas inconvenientes: las escuelas acabarán pagando a las sociedades de autores una suma fija por el permiso para tener una fotocopiadora de uso ocasional, mientras que alrededor de las universidades los verdaderos piratas, que hoy venden paquetes completos para cualquier curso, se legalizarán pagando una suma insignificante en proporción al volumen de fotocopias que hacen.
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