Este documento alega que el régimen legal actualmente aplicable a las actuaciones y actividades de la administración pública y en particular a la contratación estatal son una plataforma suficiente para la implementación de políticas públicas de gobierno electrónico y de compras estatales electrónicas en particular, porque la ley 80 de 1993, actual estatuto vigente de la contratación pública no limita, ni prohíbe el uso de tecnologías de información, ni exige requisitos que hagan imposible o restrinjan el uso de dichas tecnologías. Porque la ley 80 de 1993 incluye los estándares mínimos para la implementación de sistemas de compras estatales electrónicas y la Ley 527 de 1999 da base legal suficiente a los documentos electrónicos, a la transmisión electrónica de datos y a todo lo relacionado con las firmas digitales.
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